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Posts Tagged ‘ley’

Los economic hitmen (término traducible por ‘sicarios económicos’*) son personajes cuyo trabajo consiste en convencer a gobiernos de países de niveles económicos inferiores de la necesidad de adquirir bienes. Bienes tales como maquinaria de alta tecnología,  de producción, o -en la mayoría de las ocasiones- armamento, que por regla general estos países no pueden permitirse pagar. Pero tales individuos también proporcionan una solución a este problema: la financiación. No hay que desembolsar nada, reciben la mercancía  y aceptan que un banco se haga cargo del pago, endeudándose con éste  en unas condiciones muy ventajosas… para el prestamista.

Mediante estas triquiñuelas, países que tienen graves problemas para simplemente cubrir sus necesidades ordinarias, adquieren, por poner un ejemplo,  decenas de aviones de combate de última generación para disuadir a sus vecinos  -y   potenciales enemigos-  de cualquier veleidad belicista, consiguiendo así que esos vecinos, alarmados, se rearmen también, convirtiéndose igualmente en clientes de las fábricas de armamento… y de la banca financiera.

Así, el país exportador activa su economía, tanto de producción como financiera, mientras el comprador se va enfangando en deudas a cuyo vencimiento le resulta imposible responder, con lo cual tiene que solicitar nuevos créditos para ir cubriendo las obligaciones de pago, quedando atrapado en una espiral irresoluble. Ocurre con buena parte de los países del Tercer Mundo, que se ven asfixiados sólo para pagar los intereses de la deuda contraída con las entidades financieras  de los países ricos, que les retuercen el brazo hasta límites inimaginables obligándoles, en muchas ocasiones, a cederles la explotación directa de sus recursos naturales para evitar una declaración de quiebra que les hundiría definitivamente en la miseria.**

Esta situación es ahora aplicable a Grecia, anegada por una deuda imposible de pagar, tras haber consumido muy por encima de sus posibilidades, al amparo de un falseamiento de las cuentas públicas a manos de políticos sin escrúpulos. Aludiendo a lo anteriormente expuesto, cabe reseñar que el país heleno es el cuarto importador mundial de armamento y material bélico. Además sus acreedores resultan ser, principalmente,  bancos alemanes y franceses que eran perfectamente conocedores de la falacia económica griega, y de su total incapacidad de responder a las obligaciones financieras contraídas con ellos.

De ahí el interés de Sarkozy y Merkel en solucionar el problema, y rescatar… ¿a Grecia? No. En rescatar el dinero de sus bancos, que es donde van a ir a parar los miles de millones de euros que se van a proporcionar nuevamente a Grecia para que vaya pagando parte de su deuda. Y vuelta a empezar.

Y el pagano de todo esto, los ciudadanos griegos, que sin comerlo ni beberlo van a tener que pechar con una política de despidos masivos y un empobrecimiento brutal de sus economías públicas y domésticas: tienen que conseguir dinero para ir pagando como sea, y las condiciones establecidas por  los “mercados” por voz de sus lacayos, los líderes políticos a su servicio, son leoninas. Hay que prescindir de funcionarios, para pagar con sus nóminas a los banqueros, alargar la edad de jubilación, reducir pensiones…  También veremos en qué queda la iniciativa que pretende que varias de sus islas sean puestas a la venta.

Y hay unos cuantos países, entre ellos el nuestro, mirando acojonados lo que pasa allí, porque detrás vamos nosotros.  Y a pesar de las multitudinarias protestas en la calle, el parlamento griego ha aceptado las terribles condiciones impuestas, para regocijo de sus acreedores.

Qué gran ejemplo, el de la ciudadanía islandesa, llevando al banquillo a los políticos y enseñando el dedo a los bancos.

*El término lo inventó John Perkins, quién fue ‘sicario económico’ durante mucho tiempo, en su libro ‘Confessions of an economic hit-man’ (2004).

** Existe un documental, de reciente estreno, cuyo nombre es esclarecedor a este respecto: ‘Debtocracy’ (2011).

 

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El título, por crudo que sea, refleja el sentir de millones de estadounidenses, así como de ciudadanos del mundo entero. El asesinato, diez años después, del fugitivo más buscado de la historia culmina una persecución que ha traído de cabeza (o eso dicen) a los servicios secretos de medio mundo durante, insisto, diez años. Y digo “asesinato” porque no hay otra palabra que defina mejor cómo ha terminado toda esta historia: disparando a sangre fría a un hombre que, por lo que cuentan ahora, estaba desarmado. Y digo lo de “por lo que cuentan ahora” porque las diferentes versiones, oficiales y no tanto, se han ido sucediendo en las últimas semanas, cada una contradiciendo a la anterior.

Me resulta muy decepcionante, a la vez que deleznable, escuchar las declaraciones del presidente estadounidense, Barack Obama, y los coros complacientes que se suceden desde la Unión Europea (o lo que quede de ella). Así es como el flamante Premio Nobel de la Paz describió los hechos una vez consumado el magnicidio: “Se ha hecho justicia”. Por favor. ¿Es que nos hemos vuelto todos locos? ¿Así es como los líderes occidentales promulgan su omnipresente diatriba de buenas intenciones, basadas en “paz, democracia y derechos humanos”? ¿Asesinando? Debería haber tenido un juicio justo, así lo estipula la Carta de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Todos tenemos derecho a ello. Es muy probable que fuera condenado a galeras por el resto de su vida ¿y qué? Quizá merecía eso y mucho más pero, como a veces sucede, aquellos que ostentan el poder han decidido, y la conclusión alcanzada es que a Osama Bin Laden había que quitarlo del medio cuanto antes.  ¿Y eso, por qué?

Las versiones oficiales dijeron, en un principio, que iba desarmado. Ante la avalancha de críticas a nivel ciudadano (que no político, faltaba más) argumentaron después que sí que iba armado, y que incluso utilizó a una mujer como escudo humano. También se defendieron diciendo que mantenerlo con vida podría acarrearles serios contratiempos. Insisto, ¿a quién, y por qué? Eso es lo que me gustaría saber a mí; mientras tanto, especulo. Seguramente hay multitud de factores que escapan a mi conocimiento, pero teniendo en cuenta la farsa de investigación, o como quieran denominarla, que se realizó en los EEUU tras de los terribles ataques del 11-S,  ya me imagino a quién podría  Bin Laden meter en serios problemas si abriese la boca y alguien tirase del hilo hasta deshacer la madeja. Por eso, lo mejor era quitarlo de en medio, unidad política global en torno al asunto y todos a cerrar el pico. Parafraseando a Adolfo Pérez Esquivel, también Nobel de la Paz, en su carta abierta al presidente Obama,  “muerto el perro, se acabó la rabia”. ¿Y estos tipos se creen mejores que los talibanes que filman decapitaciones y luego las difunden por Internet? En lo concerniente a manipular la opinión pública, no me cabe la menor duda.

 

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Dice el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

Los autores de obras culturales, obviamente y como cualquier otro creador, han de ser recompensados por su esfuerzo. Pero, ¿hasta qué punto? ¿No es el diseñador de una obra material, también su autor intelectual? Sobre esa base, ¿no podría el arquitecto Calatrava cobrarnos un canon cada vez que atravesamos o fotografiamos uno de sus puentes? ¿Podría acaso una hipotética asociación de cocineros cobrar un impuesto por la venta de cazuelas, porque es posible que en ellas se guise una receta original 
de alguno de ellos?

Por otra parte, la SGAE es una institución privada beneficiaria de un canon (atención también a este punto de fricción: ¿cómo es posible que se establezca por ley un impuesto a favor de un ente privado?) que, al cobrarse, hace caso omiso del derecho a la presunción de inocencia. Este incumplimiento se debe a los cargos adicionales por adquisición de cualquier tipo de medio o soporte de grabación de datos, como una unidad de copia de dvds o un disco duro. Según lo que se deriva de la política de la SGAE en este sentido, y de la normativa legal que la ampara y desarrolla, todos los adquirentes de material son presuntos delincuentes en potencia, y por tanto han de cobrarles al realizar la compra de dicho material, por si acaso. No se tiene en cuenta a qué está destinada la compra. Sea para hacer una copia de seguridad de la base de datos de tu empresa, o de las fotos del verano. No importa, el canon es universal.

Al respecto del punto que comentaba antes brevemente, ¿puede la SGAE cobrar impuestos?. Sí que puede y, de hecho, lo hace. Otra cosa es si puede considerarse justa una Ley que le permite hacerlo, que cuenta con el beneplácito y complicidad del Ministerio de Cultura. Teóricamente, los impuestos son recaudaciones que realiza la Administración para gestionar y sufragar los servicios públicos. Ése no es, en absoluto, el destino de este dinero. ¿Son, entonces, los artistas los beneficiarios finales de la colecta del canon? Tampoco, al menos de la forma en que debería ser. La SGAE tiene un “ranking” de artistas, determinado por su popularidad, a partir del cual cada uno de ellos se lleva un determinado porcentaje de los beneficios, además de la parte, sustancial, que queda en las arcas de la sociedad.

El modelo de compra venta musical tal y como funcionaba hasta hace unos años es, hoy por hoy, insostenible. La gran edad de oro de la industria discográfica ha llegado a su fin, y que los beneficios multimillonarios que ha producido son cosa del pasado, porque los avances tecnológicos impulsados por esa propia industria han acabado por devorarla.

Comenzó por la sustitución del disco de vinilo por el CD. Con ello se ponía en manos del consumidor una copia exactamente igual que el “master” original, ese que antes se utilizaba para grabar los vinilos, que sólo podían copiarse a su vez en cintas de audio, con una muy apreciable pérdida de calidad. Pero del CD ya se podían hacer copias exactas del original. Las grabadoras incorporadas a los ordenadores domésticos hicieron el resto, y la venta de discos comenzó a caer en picado.

Y los autores e intérpretes musicales, que durante unas décadas han vivido una edad dorada, se resisten a admitir el declive, y tratan de perpetuarla mediante el cobro de “sus” derechos, incurriendo en excesos manifiestos, que los órganos jurisdiccionales están llamados a atemperar. La solución pasa por encontrar un nuevo modelo de gestión de la cultura, donde los creadores sean recompensados por su aportación, sin que por ello tengan que pagar los ciudadanos. Para llegar a un resultado así debería haber una parada ineludible: la reducción o supresión de intermediarios.

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La correcta resolución del caso Gürtel por parte de la judicatura española parece encontrar nuevos obstáculos, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular pruebas obtenidas tras la intercepción de conversaciones telefónicas entre imputados del caso y sus abogados defensores. En primera instancia, se puede considerar que las alegaciones presentadas por dichos abogados son legítimas pues, en teoría, han visto vulnerado su derecho al secreto de la comunicación con sus clientes.

No obstante, el artículo 579.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estipula que “el juez podrá acordar, en resolución motivada (…) la observación de las comunicaciones (…) telefónicas de las personas sobre las que existan indicios de actividad criminal, así como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos”. Este artículo se encuentra en estudio por su posible incompatibilidad con la Carta de Derechos Humanos, ya que no establece un límite temporal para las escuchas, no obstante no ha sido declarado inconstitucional y, basándose en la jurisprudencia existente por el caso Bugallo Prado c/ España en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (Marc Carrillo, “El juez ante las escuchas telefónicas”, 25 de marzo del 2010, El País, pp 25-26), debe ser aplicado.

Por tanto y, teniendo en cuenta la posible implicación de estos abogados en la trama corrupta, la intercepción de estas conversaciones no supondría una violación de sus derechos constitucionales. Pero olvidemos por un momento el Derecho Penal.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pone muy en entredicho la capacidad del sistema judicial español para, valga la redundancia, impartir justicia en este país, a la vez que existe la creciente sospecha de que el mismo se encuentre viciado y manipulado para encubrir a determinadas personas (recordemos, por ejemplo, la amistad del señor Camps con el juez instructor del caso en la Comunidad Valenciana).

Por otra parte e independientemente de la resolución jurídica del caso, sometida en mayor o menor grado a la decisión que se adopte al respecto de las escuchas anteriormente mencionadas, la realidad es que esas conversaciones se produjeron. El caso Gürtel implica a multitud de cargos de la Administración pública vinculados al Partido Popular. Por tanto y, mientras Génova guarda silencio, es de dominio público (o, al menos, de quién no hace oídos sordos) que los implicados en este caso (al que ahora ha de sumarse el del señor Jaume Matas y el Palma Arena) han delinquido y dispuesto de fondos públicos para su lucro personal. Y estos señores pertenecen todos al Partido Popular, que obtiene unos diez millones de votos cada vez que se convocan comicios electorales. Entonces, yo me pregunto: ¿va a existir algún tipo de repercusión política del caso Gürtel, o los votantes del PP van a seguir apoyando a su partido, pese a que existen pruebas fehacientes de que han estafado a la Administración pública, y por tanto se han apropiado de fondos aportados por los contribuyentes? La respuesta a esta cuestión, supongo resuelta en las próximas elecciones, va a decir mucho de qué capacidad de reacción y de libre pensamiento poseen los ciudadanos de este país.

 

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Abro este blog para realizar una reflexión acerca del reciente logro del presidente Obama en política interna: la reforma del sistema sanitario estadounidense. Con ella, más de 30 millones de personas se beneficiarán de asistencia médica. No se trata de la implantación de un sistema público al estilo europeo, que es lo que inicialmente pretendía la Administración, pues se calcula que unos 15 millones de personas se quedan fuera, por una u otra cuestión. Además, requerirá del pago de una cuota anual, que el Gobierno Federal se encargará de subvencionar a los menos pudientes. Pero se trata de un hito histórico en la política estadounidense. Analicemos por qué.

Una de las claves del sistema sanitario estadounidense prerreforma es, en resumidas cuentas, la inexistencia del mismo. Sí es cierto que existían dos seguros subvencionados por el Gobierno, Medicare y Medicaid, para minusválidos, personas de la tercera edad e indigentes, pero los servicios que prestaban eran muy limitados  y pobres en recursos. Por ejemplo, no se hacían cargo de los gastos por la estancia en un centro médico, ni cubrían prácticamente ningún medicamento. Por tanto, con la aprobación de esta nueva ley, el Gobierno demócrata ofrece cobertura médica a millones de personas que, anteriormente, debían pagar enormes sumas de dinero a las clínicas privadas por sus tratamientos y medicación.

Este es otro de los puntos calientes. Las compañías aseguradoras, en su mayoría pertenecientes a grandes corporaciones, recaudaban ingentes cantidades de dinero gracias a su posición oligárquica en la sanidad estadounidense, ya que eran la única manera existente para tener acceso a cobertura médica en caso de necesitarlo, además de rechazar a enfermos terminales o de costosos tratamientos. Este asunto es tratado largo y tendido en “Sicko” (Michael Moore, 2007) con lo que no me extenderé demasiado. La cuestión principal radica en que, con esta enmienda, las aseguradoras deberán mejorar las condiciones que ofrecen a sus asegurados y a precios competitivos (en línea con lo que aquí ofrecen IMQ o Sanitas) para optar a una cuota de mercado. Es por ello que el Partido Republicano, representante de los grandes centros de poder financiero y corporativo, pretende revocar esta ley, utilizando para ello todos los medios a su alcance. Espero que no lo logren.

En definitiva, se trata de un paso de gigante del presidente estadounidense, que ve cuasi resuelto uno de los puntos calientes de la agenda que se marcó al principio de su mandato. Además, este fortalecimiento de su administración en política interna se verá reflejado en otras cuestiones de ámbito internacional, con lo que podrá encarar con fuerzas renovadas asuntos delicados como el deterioro de las relaciones con Israel.

 

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